Denuncian que la Universidad Nacional fragmentó contrato de seguridad privada

La Universidad Nacional de Colombia, Unal, declaró desierta la licitación para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. La institución en lugar de realizar un nuevo proceso licitatorio, la institución optó por fraccionar la contratación, permitiendo que distintas sedes contrataran de manera independiente al mismo proveedor, sin convocatorias públicas ni competencia real.

El contrato en cuestión tiene un valor de $98.000 millones. Sin embargo, en lugar de seguir con el proceso de selección, la administración de la Unal, liderada por el rector Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, decidió fraccionar la contratación.

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El rector Múnera Ruiz declaró desierta la licitación justo cuando el Ministerio de Educación observaba el proceso. En lugar de convocar un nuevo proceso, permitió que cada sede de la Unal contratara de manera independiente. Sin embargo, el mismo contratista recibió la adjudicación de manera directa.

Mientras tanto, se filtró a los medios de comunicación un escrito en el que se cuestionaba que el ministro Daniel Rojas “no cumplía con los requisitos de calidad” en su tesis de maestría, lo que desvió la atención de la opinión pública hacia el ministro y alejó los reflectores de la contratación.

LR accedió a documentos que sugieren que la licitación inicial cumplía con todos los requisitos, lo que pone en duda la declaratoria de desierta. El documento aporta varias observaciones y objeciones al informe preliminar de evaluación que declaró desierto el proceso de contratación de vigilancia y seguridad de la Universidad Nacional de Colombia.

Uno de los principales argumentos es que la Universidad Nacional aplicó indebidamente la visita técnica como un criterio de evaluación, cuando esta solo debía ser un requisito previo para la participación en la licitación. Además, sostienen que sí cumplieron con la totalidad de las visitas técnicas exigidas, ya que los integrantes de la unión temporal sumaron sus recorridos por las distintas sedes, conforme lo permitido en el pliego de condiciones.

El valor total de la oferta fue de $98.608 millones. Sin embargo, la Universidad argumentó que la empresa no cumplió con las especificaciones técnicas, particularmente la obligación de realizar una visita técnica a las nueve sedes. La institución aseguró que cada empresa integrante realizó las visitas de manera separada y no como una sola entidad, lo que, según el pliego de condiciones, ameritaba el rechazo de la propuesta.