Ministro del Interior presentó ante el Senado la reforma política propuesta por Petro

Tras varios ires y venires respecto a la reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro, finalmente, hoy, en horas de la tarde, el proyecto liderado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue radicado en el Senado. Bajo el nombre de la reforma anticorrupción, fueron varios los puntos abordados por el texto, en el cual se hace referencia a la participación política y la financiación de campañas electorales para los partidos.

La reforma responde a una de las principales promesas del presidente Petro, cuando este se encontraba en campaña. “Estamos radicando el acto legislativo por el cual se reforma la Constitución y que busca una mejor representación ciudadana, una mejor calidad de la democracia y busca cumplir con los acuerdos de paz suscritos en el Teatro Colón”, manifestó el ministro.

Entre varios puntos, Prada señaló que el articulado busca la obligatoriedad en las listas cerradas con el objetivo de terminar varios conflictos internos que se presentan durante la época de elecciones e impulsar la paridad de género, pues mediante el proyecto se espera "garantizar que la mitad de las personas elegidas sean mujeres".

"La reforma busca hacer realidad las medidas para que haya mejor representación ciudadana y mejorar la democracia en el país. Cumplirá con el Acuerdo de Paz que se firmó, ya que es el segundo punto de lo pactado entre las partes. El presidente Petro se comprometió a presentar esta reforma política y por eso se presenta con prioridad", dijo el titular de la cartera de Interior.

De igual manera, la reforma propone que se presente una reducción en la edad para aspirar a ser senador o representante a la Cámara. En el primer caso, se expuso que la edad adecuada sería 25 años, mientras que, en el segundo, se espera que sea 18 años la edad mínima. Esto con el objetivo exclusivo de "dar un voto de confianza a los jóvenes".

Respecto a la financiación de campañas, Prada fue enfático en afirmar que si es exclusivamente estatal "le damos un golpe definitivo a la manipulación de los sectores económicos, se fortalece con estas medidas la democracia interna de los partidos”. En principio, la repartición de recursos quedo definida de la siguiente manera: 30% se distribuirá en partes iguales entre todos los partidos políticos con personería jurídica; 40% entre todos los partidos en proporción al número de curules obtenidas en el Congreso; 10% entre los partidos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Asambleas Departamentales; 5% entre los partidos en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas; y, finalmente, 5% entre todos los partidos en proporción al número de jóvenes elegidos en las mismas corporaciones.

Otro de los puntos principales del texto señala que los congresistas podrán renunciar a sus cargos legislativos con el fin de ser ministros. Este punto, que puede ser uno de loas más polémicos del articulado, busca tumbar la inhabilidad de 12 meses para aquellos que dejen su curul y quieran pasar al Ejecutivo.

Así mismo, el articulado da luz verde al transfuguismo, un elemento que ha sido discutido en varias oportunidades pero que no ha podido despegar en el Congreso. Este concepto responde la posibilidad que tendrán los políticos de cambiarse de partido, al menos una vez, sin incurrir en la doble militancia.

Otros puntos destacados

- Procuraduría no podrá tomar decisiones respecto a derechos políticos

- Ya no se requiere el umbral del 3% de la votación de las elecciones para tener personería jurídica. Se reconocerá personería jurídica como movimiento político a organizaciones políticas que demuestren tener una base de afiliados compuesta por al menos el 0.2% del censo electoral.

- Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el 15% de los votos válidos, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.

Finalmente, frente a la creación de una corte electoral, el texto excluyó todos los temas relacionados al ámbito electoral, por consiguiente, la creación de este nuevo tribunal ya no estaría en los renglones del documento.