El viraje del régimen de integraciones del Reino Unido

El mes pasado, el gobierno del Reino Unido y la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) anunciaron una reforma del régimen de control de concentraciones empresariales.

El nuevo modelo tiene como objetivo alinearse con la política nacional de crecimiento económico, cuyos pilares son la inversión en sectores estratégicos y la eliminación de obstáculos para dicho crecimiento.

Tras el Brexit, la CMA fue objeto de diversas críticas por su excesiva rigidez y por sus pretensiones de convertirse en un regulador mundial en la evaluación de las operaciones de control empresarial.

Motivo de especial controversia fue el caso de Microsoft y Activision en el que la CMA se demoró 21 meses en autorizar la operación.

Estas presiones culminaron en un cambio de rumbo hacia una estrategia pro-crecimiento económico en la que la CMA dará prioridad a la inversión, la innovación y la competitividad internacional.

Se pretende entonces, darle una mayor celeridad, agilidad y predictibilidad al procedimiento para aprobar las concentraciones empresariales.

Un factor relevante, en este nuevo enfoque, es la expedición de las guías relativas a los criterios que debe considerar la CMA para evaluar una operación de integración.

En particular, se revisarán dos criterios o pruebas que han generado gran incertidumbre entre las empresas.

El primero es el de la “influencia material”, que permite el escrutinio de la autoridad, sobre una operación, incluso si el comprador no adquiere con ella, el control o mayoría accionaria. Lo anterior, siempre que obtenga algún grado de participación que le permita influir de forma significativa en las decisiones comerciales de la otra empresa, como por ejemplo, tener un puesto en la junta directiva,

Esto puede ser suficiente para que la CMA ejerza el escrutinio sobre la operación, incluso si el comprador solo adquirió un 10% de las acciones.

El segundo criterito es el denominado “cuota de suministro”, que genera una gran incertidumbre sobre la competencia de la autoridad para para revisar o evaluar una integración, por cuanto le da un gran margen de discrecionalidad.

El problema con este parámetro reside en la falta de una definición técnica o económica exacta del bien o servicio que se analiza, lo que permite que la CMA agrupe productos o servicios de manera muy amplia.

Así que la idea es restringir la discrecionalidad, en la aplicación de estos criterios, y establecer umbrales específicos que sean predecibles.

En materia de condicionamientos, la CMA ha manifestado su intención de flexibilizar su preferencia por los remedios estructurales, como las desinversiones, y explorar con mayor apertura los compromisos conductuales o de comportamiento.

Por consiguiente, se pretende con este nuevo enfoque, buscar la simplificación y desregularización, para facilitar este tipo de operaciones, en aras de fomentar la inversión.

Sarah Cardell, directora ejecutiva de la CMA, ha expresado que el objetivo es preservar la mayor cantidad posible de operaciones en lugar de prohibirlas.

En suma, estas reformas pretenden hacer a la CMA más ágil y sensible al contexto económico para facilitar los negocios. Ellas son, de cierta manera, el resultado del contexto geopolítico, especialmente de la tendencia hacia la desregularización, en este campo, liderada por Estados Unidos en la nueva administración de Trump.

Sería deseable que los países de la región pensaran también en simplificar los trámites de las integraciones pues, en no pocas ocasiones, las demoras llevan a frustrar estas operaciones y se convierten en un factor que aleja la inversión.