El 2023 trajo consigo la expedición de distintas normas en materia ambiental, las cuales tendrán una importante aplicación en el 2024 y los años subsiguientes. Entre estas, destaca la Ley 2294 de 2023, del Plan Nacional de Desarrollo, que incluyó como ejes de transformación para el país durante los próximos años: el ordenamiento y desarrollo del territorio alrededor del agua, creando los consejos territoriales del agua; así como nuevas determinantes ambientales y áreas de especial interés ambiental, o la obligación de registro en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases Efecto Invernadero, RENARE, etc.
De igual manera, a nivel distrital, se destacan normas de la Secretaría Distrital de Ambiente con respecto a la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición, RCD, en Bogotá (Decreto 507 de 2023), y la adopción de una metodología de estandarización de criterios para la investigación de contaminación en suelo y recursos asociados y la evaluación de riesgo de sitios contaminados en Bogotá (Resolución 2700 de 2023), entre otras.
Ahora bien, la norma que marcó un hito en el 2023 y que seguirá siendo objeto de impacto en adelante, es la Ley 2327 de 2023 sobre pasivos ambientales. Esta ley incorpora distintos criterios que, si bien son discutibles en ciertos aspectos, sientan bases importantes para una reglamentación posterior. No obstante, la definición supone retos importantes como la identificación y gestión de pasivos que son continuados, acumulativos y persistentes; y que pudieren ser el resultado de una combinación de actividades antrópicas y naturales; o de aquellos pasivos que pudieren suceder, a pesar de existir un instrumento de control ambiental vigente para la actividad. Por otra parte, será necesario que la reglamentación contemple no solo pasivos en materia de suelos y aguas, sino también derivados de actividades limpias como las energías renovables, pues a pesar de ser actividades sostenibles también podrían suponer pasivos ambientales.
En conclusión, el 2024 y los años sucesivos traerán desafíos importantes frente a la reglamentación e implementación de las normas expedidas a la fecha, por lo que es relevante una participación legal y técnica de alto nivel que permita garantizar que estas normas e iniciativas tengan un impacto real y positivo en el ordenamiento y que no se limiten a ideales normativos sin sustento o razón técnica objetiva.
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