Urgente reforma de los ingresos y gastos públicos

Es urgente incrementar el recaudo de impuestos (reforma tributaria) y reducir el gasto público (reforma presupuestal). El riesgo de que el país no pueda atender su deuda en el mediano plazo es real, incluyendo la internacional cuyos intereses incrementan proporcionalmente con el aumento de dicho peligro; de todas las maneras se debe evitar ese posible incumplimiento (default), que conllevaría fuga masiva de capitales, suspensión de préstamos al Estado, aumento vertiginoso del dólar, contracción económica acelerada, entre otras calamidades. La reforma tributaria y la reducción del gasto público no son una opción, sino la única alternativa responsable y razonable.

La pandemia, la caída de los precios del petróleo, los paros, el aumento del dólar, la inmigración masiva sin ningún tipo de análisis, entre otros factores, tienen el desempleo actual en un 15.1%, el déficit fiscal del Gobierno central en un 7.8% del PIB (año 2020) y en 8.6% se proyecta para el 2021 (el más alto en la historia desde que hay registros). Así, Colombia se enfrenta a los difíciles retos de aumentar el recaudo fiscal en una economía cuyo PIB decreció en 2020 en un 6.8% (mayor contracción de la historia), y de reducir gastos, en un ambiente de descontento en el que diferentes sectores exigen más recursos públicos.

La pandemia fue una de las principales causas de esta debacle, y aunque fue un evento fortuito desafortunado, Colombia la manejó pésimamente. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo basada en una sola variable (COVID-19), ignorando otras tales como el 35.7% de pobreza monetaria que para el 2019 ya tenía el país, o la pobreza extrema (indigencia) que cuando se clausuró apresuradamente la economía era cercana al 9.6% (éste es un país de rebuscadores que vive con el día a día), por si fuera poco, se construyeron muy pocas UCIs, y Colombia es uno de los países con mayor cantidad de casos de Covid por millón. Imposible un escenario más ineficiente, con más perdedores.

En síntesis, no se calculó con perspectiva estadística (varias variables y visión a largo plazo) el caos social generado por clausurar el país, ni las muertes por hambre y violencia asociada a la crisis. De manera descontextualizada se comparaba a Colombia con naciones europeas (v.g. Italia con la población más vieja del mundo y la novena economía mundial). Como resultado, según el DANE, en el 2021 hay 3.6 millones de personas más monetariamente pobres que en el 2019, y 2.78 millones ingresaron a la indigencia.

Por otro lado, mientras los privados renegociaban contratos, reducían nóminas, y pedía préstamos para salvar empresas (fuente de valor agregado, impuestos y empleo), el Estado vorazmente consumía recursos en burocracia, sin ninguna empatía, solidaridad ni visión. El Estado mantuvo incólume su nómina burocrática parasitaria. Un ejemplo descarado de esto, es cada uno de los congresistas que le cuesta al país cerca de $100 millones mensuales (entre los $35 millones de sueldo y los hasta 10 empleados legislativos por congresista, entre otros), y en plena pandemia solicitaron más curules; todo esto en un contexto donde el SMLM es de $908.526 y solo el 1.7% de las personas tienen ingresos superiores a $3.6 millones al mes.

Así, hay que recortar severamente el gasto público, y por supuesto también incrementar los ingresos, ampliando la base de contribuyentes y eliminar beneficios (tratos preferentes). Esto dado que en una comunidad todos debemos asumir proporcionalmente una parte de los gastos comunes, y lo que alguno deje de contribuir, lo debe poner otro; asimismo, cada centavo que se le da a un sector de la población proviene de otro.