Ha llegado el momento del cobro de la Contribución Nacional de Valorización por parte del gobierno de Gustavo Petro.
Desde el inicio de su mandato, tanto el presidente como los distintos ministros han anunciado reiteradamente que utilizarán mecanismos de financiación diferentes al cobro de peajes para el sector transporte, y el mecanismo más sonado hasta el momento ha sido el de la contribución de valorización. Y desde el año pasado el Invías ha estado adelantando gestiones para hacer su primera implementación en una zona del caribe colombiano, que involucra una parte de las ciudades de Cartagena, Barranquilla y varios municipios aledaños.
Hasta el momento este mecanismo ha sido utilizado principalmente por las alcaldías de las ciudades principales del país para financiar obras que se construirán posterior al cobro de la contribución, pero con este proyecto se busca obtener recursos por un proyecto ya finalizado. El proyecto corresponde a la Circunvalar de la Prosperidad, que en principio beneficia a los departamentos de Bolívar y Atlántico entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla, y el cual fue ejecutado por la Agencia Nacional de Infraestructura finalizando la construcción de sus tramos entre 2018 y 2022.
Si bien la Contribución Nacional de Valorización no fue creada por el presente gobierno, ya que tiene origen legal desde la Ley 1819 de 2016, la posibilidad de cobrar por proyectos finalizados sí proviene del actual administración. El artículo 280 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026) modificó la Ley 1819 de 2016 y permitió que aprobar y aplicar la contribución hasta 5 años después del inicio de operación del proyecto vial. Antes de esta reforma, la norma solo permitía hacer el cobro antes o durante la ejecución del proyecto.
En este momento el Invías se encuentra determinando el valor de la contribución y cuáles serán los predios sujetos pasivos del tributo. Sin embargo, ya se conoce que con este cobro el gobierno pretende recaudar más de dos billones de pesos en una zona de influencia que involucra el norte de Barranquilla, el sur y occidente de Cartagena, y varios municipios ubicados entre estas ciudades como Santa Catalina y Puerto Colombia.
El cobro de la Contribución Nacional de Valorización representa un gran reto para el gobierno, toda vez que surgen preguntas alrededor de cómo fue delimitada la zona de influencia, cuáles serán los criterios para determinar el beneficio recibido por cada inmueble, y la forma de definir los predios que quedan exceptuados o exentos del tributo. Así mismo, hay interrogantes jurídicos de gran trascendencia acerca de como, si estas obras fueron ejecutadas a través de asociaciones público privadas y el pago se realizó a través del cobro de peajes, al ser obras ya terminadas, por qué se les debe cobrar nuevamente a los ciudadanos por estas obras.
Tendremos que estar vigilantes sobre cómo se desarrolla este proyecto, y estar atentos al impacto que tendrá en los predios presuntamente beneficiados con la Circunvalar de la Prosperidad.
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