La delicada situación de los sistemas de transporte masivo

La situación financiera de los sistemas integrados de transporte masivo en el país es delicada. Si antes de 2020 el déficit presupuestal de las administraciones distritales y municipales para mantener a flote los contratos de concesión para la prestación del servicio de transporte era una preocupación permanente, tras la llegada del covid-19 la situación presupuestal es crítica e inaplazable.

¿Cómo está Bogotá?

Por su tamaño, el caso de Bogotá es el más complicado. El Sitp está compuesto por aproximadamente 4.000 vehículos articulados de operación troncal y 10.000 vehículos de operación zonal. Aún quedan algunos pocos vehículos vetustos que operan bajo la denominación del Sitp Provisional que no hacen parte del Sistema y que deben ser chatarrizados antes del 31 de diciembre de 2021. De acuerdo con información publicada por Transmilenio, antes de marzo de 2020 se registraban más de 2,5 millones de validaciones diarias en el sistema troncal y 1,5 millones de validaciones en el sistema zonal. Sin embargo, durante los periodos de cuarentena obligatoria -que de tanto en tanto se siguen decretando en las principales ciudades del país- la caída en el número de pasajeros ha sido dramática. Entre marzo y agosto de 2020 hubo una reducción de 75% en el número de validaciones diarias. A la fecha, el sistema troncal registra 1,2 millones validaciones diarias mientras el zonal apenas logra 800.000 validaciones.

Esta caída en el tráfico de pasajeros duplicó el tamaño del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para 2020 y 2021, que ya se había duplicado tras los compromisos contractuales pactados por Transmilenio en 2019 para salvar los contratos de Fase III del Sitp y para culminar la desintegración de la flota del Sitp Provisional que no lograron cumplir algunos de los concesionarios que quebraron y que ya no hacen parte del Sistema. En plata blanca, el FET (cuenta destinada a subsidiar el déficit entre los ingresos recibidos por las tarifas al usuario y la retribución a la que tienen derecho los concesionarios) representa aproximadamente 10% del presupuesto anual del Distrito de Bogotá. Lo propio ocurre en Cartagena, Barranquilla, Cali y Bucaramanga.

¿Qué puede hacer el Gobierno?

Mal haría el Gobierno Nacional en ignorar este problema o en trasladar por completo la responsabilidad a las administraciones distritales y municipales. Colombia no puede regresar al transporte público colectivo del siglo pasado. Si queremos mantener un transporte moderno, organizado y ambientalmente amigable debemos aceptar sin astucias que el transporte urbano de pasajeros debe ser subsidiado por el Gobierno Nacional. Tampoco es aceptable que el Concejo Distrital de Bogotá siga aplazando -como lo viene haciendo desde hace más de 20 años- la implementación de otras fuentes de ingresos para el transporte masivo como lo son los pagos por congestión o el cobro por estacionamiento en vía.

¿Cuál es el futuro de los Sistemas de Transporte Masivo?

De la decisión de los gobernantes de turno de mantener a flote los sistemas de transporte depende no solo la voluntad de los concesionarios y prestamistas de seguir apostando su capital por estos proyectos, sino también el futuro de millones de colombianos que utilizan el transporte masivo para cumplir sus labores diarias. El efecto de cuello de botella que tiene el transporte sobre los demás sectores de la economía es argumento suficiente para que este asunto fuera una de las más importantes prioridades del Gobierno Nacional. La situación sencillamente no da espera.