Contraloría anunció que halló responsabilidad fiscal por $2,9 billones en el caso Reficar
Por el daño al patrimonio público del Estado, deberán responder varios exfuncionarios de Reficar y cuatro multinacionales contratistas
26 de abril de 2021
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Un fallo de responsabilidad fiscal por $2,9 billones por el caso Reficar anunció la Contraloría General de la República en contra de cinco exfuncionarios de la empresa, siete miembros de la junta directiva y cuatro contratistas. El órgano de control explicó que hubo inversiones que no se recuperarán en la construcción de la Refinería de Cartagena.
La decisión de la Contraloría, que se tomó tras cuatro años de estudios, involucra a los entonces presidentes de la empresa Reyes Reinoso y Orlando José Cabrales. Además, cobija a los vicepresidentes Carlos Castillo, Andrés Riera y Magda Manosalva; junto con los miembros de la junta directiva Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calixto, Henry Medina, Hernando José Gómez, Natalia Gutiérrez y Uriel Salazar.
El fallo de responsabilidad fiscal también involucra a Chicago Bridge & Iron Company y Foster W.
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La Contraloría justificó la medida al argumentar que hubo una gestión fiscal "antieconómica, ineficiente e inoportuna" que contribuyó a la pérdida de recursos públicos, al punto que califica el hecho como "el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia".
En ese sentido, la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría encontraron que en la modernización de la Refinaría de Cartagena encontró que los $2,9 billones equivalen a US$997 millones en inversiones que restaron valor al proyecto.
La pérdida de valor de las mayores inversiones, según afirmó la Contraloría , repercute directamente en el valor de la Refinería en el mercado, pues los recursos que fueron objeto de estudio no aportan a mayor capacidad o tecnología de la empresa.
En lugar de las mejoras que pudiesen justificar las inversiones, los gastos no tuvieron relación alguna con el proceso de modernización, sino que se comprobó que hubo negligencia por parte de los funcionarios al promover una baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades relacionadas con el proyecto.
El ente de control también halló que fueron realizadas erogaciones por US$904 millones, razón por la que el monto de los recursos destinados al proyecto se elevó a US$ 8.920 millones, lo cual dará para otra revisión fiscal y determinar si también hubo afectación.
Contra el fallo de responsabilidad fiscal, los implicados pueden interponer recursos de reposición ante la Contraloría Delegada No. 15. O bien pueden apelar ante la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de La República.
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