Fiscalía General acusó a tres empresarios por el escándalo de los Centros Poblados

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La Fiscalía General de la Naciónacusó, de manera formal, a tres empresarios que habrían participado en el entramado de corrupción de los Centros Poblados en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que tenía como objetivo llevar internet a zonas alejadas del territorio nacional.

Ante la juez 59 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la delegada de la Fiscalía acusó a Juan José Laverde, quién fue el representante legal de Rave Seguros. Además, Tomás José Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres Bayona fueron acusados por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares y por peculado por apropiación.

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Según la Fiscalía, el sentenciado en el escándalo de corrupción del ‘carrusel de la contratación’, Emilio Tapia, fue el líder intelectual del saqueo al proyecto del Gobierno Nacional de Centros Poblados, el cual, de acuerdo con las investigaciones, mediante engaños y utilizando pólizas de seguros falsas, lograron engañar a funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para conseguir la licitación y el contrato.

“Emilio José Tapia Aldana quién a través de terceros manejaba la empresa ICM Ingenieros, aceptó pagar a Ottomar Lascarro Torres, una suma de dinero correspondiente a $4.000 millones y una comisión por dicho negocio a Juan José Laverde Martínez, por la participación de Omega Buildings e Intel de la Costa en la Unión Temporal para cumplir con los requisitos habilitantes exigidos en el proceso licitatorio”, resaltó la fiscal delegada del caso.