En audiencia ante un juez, legalizan captura de implicados en caso Centros Poblados

Después de que se conoció la captura del contratista Emilio Tapia, y el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, en la mañana de ayer, por el escándalo del contrato del MinTIC, en el que la Entidad del Gobierno entregó como avance $70.000 millones a la Unión Temporal para conectar a más de 7.468 colegios en las zonas rurales de 15 departamentos del país, la Fiscalía presenta detalles del proceso en la audiencia de legalización.

La Fiscalía ha presentado los cargos contra el contratista, el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, además ha explicado que los capturados habrían falsificado la garantía bancaria que presentaron para el contrato y después la subieron en el SECOP.

Acá se puede seguir la audiencia ante el juez 53 de garantías en vivo, en la que también se espera que la exministra de las TIC, Karen Abudinen, se presente como víctima en la audiencia contra los capturados. Luego se procederá a la imputación de cargos por falsedad en documento privado y fraude procesal. También se pedirá medida de aseguramiento.

Dentro de lo que se ha revelado la Fiscalía explicó que cuenta con declaraciones clave contra los capturados, entre ellos Jorge Alfonso Molina y Juan Carlos Cárdenas.

A Laverde se le incautaron dos celulares y varios documentos del caso; a Duque documentos de Centros Poblados, un computador y un arma de fuego, que tenía permiso para porte y en la casa del contratista Jorge Enrique López Benavides, que no fue capturado, se encontraron documentos, memorias.

El juez avaló la petición de la Fiscalía y legalizó las capturas, los allanamientos realizados y la incautación de los objetos de investigación desestimando algunas objeciones de la defensa.

Hechos presentados por la Fiscalía

Después de legalizar los procesos, la Fiscalía empezó la imputación de los cargos en que los que señaló que Tapia y Laverde habrían falsificado el documento de garantía bancaria, suscrito por el tramitador Jorge Enrique López. La Fiscalía explicó que Emilio Tapia fue el que presentó al socio de Novotic, Juan Carlos Cáceres, para conformar la Unión Temporal con las empresas que él controlaba a través de terceros. También explicó que Tapia fue quien se comprometió a pagar la garantía falsa, toda vez que esto le permitiría beneficiarse de ganarse el contrato a través de sus empresas, que también pertenecían a Unión Temporal.

Sobre Juan José Laverde explicó que como corredor de seguros fue el encargado de adquirir la póliza, ya que conocía que ninguna otra empresa de seguros iba a dar una garantía a las empresas para ganar el contrato. Según la Fiscalía contactó a Jorge Alfredo Molina para que aquel consiguiera la garantía a través de Jorge Enrique López, y una vez la recibió la envió a Luis Fernando Duque para que él la firmara y la radicara en el MinTIC y la plataforma Secop II.

Luis Fernando Duque como representante legal se encarga de gestionar con Laverde y Tapia el trámite de las garantías.

La Fiscalía señaló que todos los imputados tenían el pleno conocimiento de que estaban falsificando los documentos, ya que no entregaron un documento que soportara la capacidad financiera, ni siquiera remitieron el contrato para que pudiera, el supuesto tramitador, conocer cuál era la ejecución de ese contrato y conocían también que no pagaron el valor de la prima por la supuesta expedición de dichas garantías.

La imputación continuó con una acusación por parte de la Fiscalía por fraude procesal. "Ustedes en el mes de diciembre de 2020, señores Emilio Tapia, Laverde y Luis Fernando Duque, por medio de esos documentos falsos, denominados garantía bancaria, indujeron al error al servidos público Camilo Jiménez, quien era el supervisor del contrato suscrito entre el MinTIC y Centros Poblados", agregó.

También se estableció que Duque, como representante legal de UT, hizo que el funcionario público encargado del fondo del Ministerio de las Tecnologías fuera inducido al error con las pólizas falsas. "Induce al error a un funcionario público para obtener un acto administrativo contrario a la ley porque ninguna aseguradora, analizada la capacidad de las empresas y el riesgo del proyecto, había querido expedir dichas pólizas.

Finalmente, la Fiscalía realizó la imputación de cargos a Duque y aseguró que es un presunto coautor impropio penalmente responsable en modalidad dolosa del delito de falsedad de documento privado. "El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses", dijo la fiscal sobre las consecuencias penales que posiblemente caerán sobre el representante legal de UT.