Las propuestas de los académicos para el gobierno sobre la nueva política de drogas

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La propuesta del gobierno nacional de reenfocar la política de lucha contra las drogas ha generado preguntas e inquietudes en varios sectores, por lo que varias organizaciones académicas presentaron, en un documento de ocho páginas, recomendaciones para el corto, mediano y largo plazo.

"Es urgente una estrategia coherente de comunicación sobre la nueva política de drogas. Por lo tanto, identificamos acciones para los primeros 100 días de gobierno, los primeros seis meses, el mediano y el largo plazo, con la intención de organizar de manera estratégica las acciones", dice el memorando, firmado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, Corporación Acción Técnica Social (ATS), Elementa Ddhh, DeJusticia, Corporación Viso Mutop y la FIP.

Primeros 100 días de gobierno

Para los primeros tres meses, se propone, en el aspecto institucional, la creación de varias direcciones, entre ellas una sectorial de política de drogas en la subdirección general de prospectiva y desarrollo nacional en el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), que articule la política de drogas de todas las entidades mientras se reforma el Estatuto Nacional de Estupefacientes.

También, "promover la regulación del uso adulto del cannabis con una reglamentación a favor de los agricultores indígenas y campesinos", impulsando los proyectos de ley que hay en ese sentido; eliminar el artículo 49 de la Constitución, para eliminar la frase "el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”; y dejar sin efecto el Decreto que facultó la aspersión aérea de cultivos ilícitos, entre otras.

En materia de relaciones exteriores, se propone negociar con Estados la meta de reducción de cultivos de coca a 50% para 2023, mientras que en salud pública se sugiere "derogar el Decreto 1844 de 2018 que clasifica la tenencia o porte de sustancias como la marihuana, la cocaína, entre otras, como comportamientos contrarios a la convivencia"; y permitir el uso nacional de la flor seca de grado medicinal como producto fitoterapéutico.

Para los primeros seis meses

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En un horizonte de seis, el documento aborda la importancia de "diseñar una estrategia de formación y actualización a empleados públicos sobre el cambio de enfoque en la política de drogas con énfasis especial en Fuerza Pública, docentes y empleados públicos encargados de implementar las políticas en los Ministerios de Salud y Justicia, así como funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores"; asumir el liderazgo regional sobre la reforma a la política de drogas en escenarios internacionales como la OEA y la CAN, y fortalecer los equipos diplomáticos de Colombia en Nueva York, Viena, Washington y Ginebra, para lograr mayor capacidad ante las instancias multilaterales.

También, trazar una hoja de ruta de desarrollo rural y sustitución de cultivos en las zonas controladas por las organizaciones al margen de la ley; "diseñar en el mercado del cannabis para uso adulto un sistema que evite la multiplicidad de licencias en el mismo nivel de mercado para evitar incentivos a la informalidad y garantizar el
control de calidad"; e impulsar el debate sobre la regularización de la cocaína para consumo recreativo.

Mediano plazo

En el mediano plazo, las organizaciones consideran que es necesario tramitar un nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes "para orientar los nuevos lineamientos de la política de drogas y proteger la institucionalidad de las dinámicas políticas; fortalecer el Observatorio de Drogas; y delegar en el Dane el estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas, de forma regular y sistemática.

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"Firmar acuerdos inter se con países que hayan adoptado medidas regulatorias de sustancias psicoactivas para llevar a cabo pilotos que armonicen la política de drogas con las disposiciones vigentes de derechos humanos. Estos pilotos permiten que un país productor pueda exportar sustancias psicoactivas de manera legal a otro país sin incumplir las convenciones internacionales. La información resultado de estos pilotos es fundamental para el desarrollo de las reformas regulatorias de la producción, comercialización y consumo. Proponemos un primer acuerdo inter se entre Colombia, Perú y Bolivia en materia de productos de hoja de coca", dice otra de las propuestas.

Igualmente, se menciona la importancia de modificar el el Consejo Nacional de Política Criminal, el Código Penal y el Estatuto Nacional de Estupefacientes para "implementar nuevas medidas alternativas excarcelables para delitos menores asociados con sustancias psicoactivas"; tramitar un proyecto de ley para descriminalizar el cultivo de hoja de coca de los pequeños productores, articulado con investigación sobre usos alternativos; y reorientar la Fuerza Pública, a "mejorar la seguridad ciudadana, a patrullar, a desarticular bandas criminales y redes de lavado de activos, entre otras tareas".

Largo plazo

Finalmente, el memorando sugiere que el país asuma el liderazgo de la revisión de las convenciones internacionales sobre la política de drogas, para orientarlas hacia la regulación; articular esta política con la propuesta de "paz total", delimitándola; y definir claramente los conceptos de personas o comunidades afectadas por la guerra contra las drogas y el narcotráfico, en el marco de la jurisprudencia local e internacional.