Congresistas de Estados Unidos piden garantías para cumplir el Acuerdo de Paz

En una decisión que complica la política interna del presidente Iván Duque, 79 congresistas de Estados Unidos (la mayoría de parlamentarios) le enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, donde manifestaron su preocupación sobre la implementación de los Acuerdos de Paz ratificados en el Teatro Colón.

En la carta dirigida por los parlamentarios, estos le recomiendan al Estado “insistir que el gobierno colombiano debe implementar de forma íntegra el histórico acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.

Los congresistas también recordaron que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo una advertencia sobre la implementación de los acuerdos de paz en el país. Afirmaron que “La implementación del acuerdo está siendo obstaculizada por la burocracia y decisiones por parte de la administración de Duque de reducir la financiación y re-escribir elementos del acuerdo”.

Otro punto de la carta se centra en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para los firmantes del documento, es necesario que este tribunal transicional cuente con todas las garantías para establecer el sistema de justicia, verdad, reconciliación y no repetición.

Advirtieron que “la presión de Estados Unidos para modificar elementos de la JEP, después que la Corte Constitucional colombiana ratificara su Ley Estatutaria, ha enviado señales desafortunadas con respecto al estado de derecho”.

Este es un punto central que preocupa a toda la opinión pública en el país norteamericano. La modificación de la Ley Estatutaria o del sistema de penas acordado entre las dos partes es fundamental para que se reduzca el ambiente de incertidumbre que, según los congresistas, esta reina en el país desde que Iván Duque es presidente.

Frente a las relaciones diplomáticas binacionales, los congresistas dijeron que se debe generar una directriz para instar “al Gobierno colombiano a implementar de forma integral el acuerdo de paz de 2016”.

En cuanto al desmantelamiento de redes delincuenciales, los parlamentarios dijeron que se debe hacer una veeduría especial para que la Fiscalía se dedique a desmantelar las estructuras de grupos paramilitares que se han apoderado de las zonas que fueron desalojadas por la antigua guerrilla de las Farc.

Por último, instaron para que la administración Duque cree una verdadera política de protección para los líderes sociales, defensores de derechos humanos y los desmovilizados.

El analista Vicente Torrijos, opinó que esta carta es una “intromisión a la política interna que ha sido facilitada por el Gobierno Duque con sus últimas decisiones frente al accionar de las Fuerzas Militares”.

En sentido contrario opinan otros analistas, como el senador Antonio Sanguino, quienes catalogan esta carta como un poco de oxígeno para la Jurisdicción Especial para la Paz y las políticas de reincorporación.

Antonio Navarro Wolff resaltó que el Gobierno únicamente ha vinculado a 20% de los desmovilizados en proyectos productivos. La oposición espera que con esta presión parlamentaria se generen mayores garantías para el proceso de paz.