EPM ya radicó las demandas contra los consorcios involucrados en el proyecto de Hidroituango
La empresa ya presentó las acciones legales correspondientes, luego del fracaso de la conciliación extrajudicial en la Procuraduría
12 de enero de 2021
Asuntos Legales conoció que el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de EPM firmó y radicó ante la Cámara de Comercio de Medellín la demanda contra Mapfre por $5,5 billones, por el proyecto eléctrico Hidroituango.
Esto, luego de que EPM publicara un comunicado de prensa en el que ratificara que, a pesar del fracaso de la conciliación extrajudicial por los sobrecostos del proyecto, "seguirá trabajando conjuntamente con la compañía de seguros Mapfre y sus reaseguradores en el proceso de ajuste de las pérdidas. Estos últimos han reiterado el compromiso de continuar asumiendo sus obligaciones en el marco del contrato de seguros, atendiendo debidamente la reclamación y por tanto avanzando en la indemnización de las pérdidas de acuerdo con el proceso de ajuste anteriormente referido".
En la misma línea, la empresa presentó ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, puntualmente el Tribunal Administrativo de Antioquia, la demanda por $9,9 billones contra los consorcios involucrados en la construcción, diseño e interventoría del proyecto: Consorcio Generación Ituango y Consorcio Ingetec-Sedic.
El Consorcio CCC Ituango, a cargo de la construcción de la hidroeléctrica, dijo tras el fracaso de la conciliación que acudirá a un tribunal de arbitramento internacional para dirimir las disputas con EPM.
"El Consorcio CCC Ituango está liderado por Camargo Corrêa Infra, y como socio extranjero, someteremos las diferencias a un tribunal internacional donde primen los argumentos técnicos y jurídicos para dejar en claro las actuaciones del Consorcio en la contingencia de abril del 2018. Al mismo tiempo, nos vemos con la obligación de buscar resarcir el impacto reputacional y económico que esta reclamación singular le ha estado causando al Consorcio", dijeron en un comunicado de prensa.
En contexto
Por su parte, EPM anunció que con ocasión de la contingencia del 28 de abril del 2018, el Grupo "tenía la obligación de promover las acciones legales o solicitar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación dentro de los de los 2 años siguientes a la fecha citada, para obtener el resarcimiento de los perjuicios. Este plazo fue extendido por normas de la emergencia económica hasta el 12 de agosto de 2020".
Por lo tanto, para el Gerente General del Grupo EPM no era una opción, sino una obligación de ley, "promover dichas acciones antes del 12 de agosto de 2020, fecha en la cual se cumplía el termino legal para intentarlo".
Como consecuencia de lo anterior, el Grupo EPM prefirió el camino de la conciliación prejudicial por tratarse de una institución "que permite resolver de manera concertada, y no litigiosa, las diferencias suscitadas con la contingencia en mención, llamando a todas las partes involucradas en el proyecto, incluidas las compañías de seguros: Suramericana, Chubb Seguros y Mapfre".
Al concluir el plazo improrrogable de los cinco meses otorgados por la ley para la ocurrencia de la conciliación prejudicial, se declaró "surtida la misma" sin obtener el resarcimiento esperado, especialmente de la compañía Mapfre.
"Es importante mencionar que dicha aseguradora ha reconocido la cobertura del evento y lo ha ratificado en el marco de las audiencias de conciliación. Sin embargo, aún continuamos trabajando en la determinación de los montos indemnizables a los ojos de las condiciones del seguro, partiendo del hecho que el presente siniestro es el más grande a nivel mundial en materia de Todo Riesgo Construcción y Montajes, y por tanto es objeto de estudio y revisión por todo el mercado asegurador", detalló la empresa en un comunicado.
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