Estos son los seis abogados detrás de las demandas de EPM contra consorcios de Hidroituango

El vicepresidente de Asuntos Legales de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Alexander Sánchez, interpuso una tutela en contra el medio de Medellín IFM Noticias, y su director José Ignacio Penagos, con el fin de que se proteja su “honra, buen nombre, imagen, dignidad humana, intimidad, seguridad e integridad personal y familiar”.

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En el documento, además, reveló quiénes son los abogados que apoyan a la empresa en las demandas contra los consorcios de Hidroituango, y las ofertas de algunas firmas de la capital.

Lo anterior, porque el portal web del citado medio publicó un artículo que, entre otras cosas, menciona que Sánchez habría llegado al cargo por recomendación política “con una sola misión, hacer que todos los alcaldes del pasado quedaran involucrados y que los constructores, señalados como parte del GEA, quedaran fuera de EPM”, y que el abogado “estaba contratando costosos bufetes de abogados en Bogotá, para que se ocuparan de casos que siempre habían manejado desde el equipo jurídico y muchos de ellos no estaban haciendo, prácticamente nada”.

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En la exposición de hechos que sustentan la tutela, Sánchez, además de hacer un recuento de su hoja de vida para desmentir una influencia política en su nombramiento, presentó la cronología de las demandas presentadas en contra de los consorcios de Hidroituango el pasado 12 enero y, adicionalmente, explicó las negociaciones que hubo entre EPM y varias firmas de abogados de la capital para el tema de la demanda.

“A efectos de preparar la demanda fueron consultadas las mejores firmas de abogados del país, entre ellas: Godoy Córdoba Abogados, Prieto Carrizosa, Garrigues, Brigard y Urrutia, Luis Carlos Neira y Price Waterhouse, Posse - Herrera - Ruiz, Gómez- Pinzón Abogados, Lloreda Camacho, etc.; sin embargo, aquellas manifestaron conflicto de intereses con EPM”, dice el documento del abogado.

La tutela agrega que el abogado Luis Guillermo Dávila presentó una oferta inicial a título de cuota litis, es decir, dependiendo del resultado del proceso, con un tope de honorarios de $50.000 millones. Por su parte, la firma Baker McKenzie también presentó una oferta de servicios.

“Ante las dificultades para ubicar una firma de abogados que no estuviera incursa en conflicto de intereses, y de lograr una oferta económica que fuera razonable y asequible al presupuesto público, como alternativa, EPM (Empresas Públicas de Medellín) contrató a un grupo de seis abogados cuyos perfiles son reconocidos a nivel nacional e internacional y garantizaron para la empresa no solo calidad en la redacción de las dos demandas, sino también la consideración especial que se le debía prodigar al recurso público, por tanto, el valor por la concepción, estructuración y redacción de las demandas ascendió a $700 millones, de los cuales EPM hasta el momento solo ha desembolsado $100 millones”, se lee en el documento.

Así, los abogados contratados por la empresa para atender los temas legales de la compañía fueron: Carlos Alberto Chinchilla Imbett, Mónica Liliana Ibagón, César Antonio Cohecha, Luisa Alexandra Torres Acosta, Juan Camilo Neira, y Blanca Raquel Cárdenas.

Con lo anterior, Sánchez solicitó al juez que ordene al medio IMF Noticias que rectifique la información publicada y, además, que se remita copia a la Fiscalía General de la Nación para una investigación por calumnia en contra de Penagos, y a la Procuraduría para una investigación disciplinaria.

Respuesta de IFM

Una vez se conoció la tutela, Penagos señaló que "Sánchez además de buscar censurar un medio de comunicación libre, independiente, sin compromisos políticos y que ejerce el periodismo de manera ética, transparente y que abre sus páginas para que los ciudadanos se puedan expresar libremente, pretende hacer parecer que un artículo informativo y documentado, es calumnioso e injurioso solo para proteger su interés privado y evadir su responsabilidad pública y de protección del bien común".

El director del medio, además, recordó que antes de accionar una tutela en contra de un medio de comunicación debe solicitarse, de manera directa y argumentada, una rectificación, aclaración o complementación. Lo anterior, señaló, no sucedió y Sánchez optó directamente por la tutela.

"La tutela la contestamos ayer en un escrito de cerca de 60 páginas en la que desmontamos uno a uno los argumentos del exmagistrado Sánchez tanto en hechos como en términos jurídicos. Hemos pedido al juez que declare la improcedencia por no cumplir los requisitos y el debido proceso y que en caso de que se le otorgue la excepción, que niegue la acción por no «lograr demostrar» que el medio haya mentido o tergiversado la información", dijo el director.

"Le demostramos al juez que el artículo publicado cuenta con la consulta de más de siete fuentes que confirmaron lo que se publicó, además de anexar las pruebas y haberlas publicado. Llama la atención que en los argumentos entregado por el accionante, dedica gran parte del escrito a responder la carta de los abogados, algo que, como se lo dijimos al juez, no necesitaba de una tutela. Creemos que si lo que quería era responder a sus críticos, lo mejor era hacer una reunión con su equipo de trabajo que lo denunció o haberles escrito una carta", agregó Penagos.