La compra de Pegasus con fondos de cooperación de EE.UU. reafirma su origen lícito

La reciente confirmación de funcionarios de la administración Biden de que los recursos utilizados para la compra del software de vigilancia Pegasus en Colombia provienen de fondos lícitos de cooperación internacional desató un giro en la investigación. Según el reporte, la transacción, que tuvo un costo de US$11 millones, estuvo respaldada por fondos de EE.UU destinados a la lucha antidrogas.

De acuerdo con esta fuente, la adquisición de Pegasus fue parte de una colaboración estratégica para fortalecer la capacidad de Colombia en operaciones contra el narcotráfico, con supervisión estricta sobre su uso y sin evidencia de desvíos.

“Como parte del acuerdo de cooperación, el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a proporcionar fondos a nuestros socios colombianos para adquirir el software Pegasus con el fin de impulsar esta misión antinarcóticos crítica”, explicaron los delegados estadounidenses. Esta declaración desvirtúa la hipótesis que circulaba sobre la utilización de dinero no reportado o incautado al narcotráfico para financiar la adquisición, lo cual había sido sugerido previamente por el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La confirmación del origen lícito de los fondos podría debilitar uno de los puntos de la investigación, que actualmente se encuentra en etapa preliminar. “Ahora que se sabe que no hubo financiación ilegal debería archivarse por atipicidad”, opinó el abogado Hollman Ibañez, aunque también señaló que la Fiscalía deberá realizar análisis forenses y contables para corroborar esta versión.

A pesar de estas garantías sobre el origen de los fondos, aún queda pendiente esclarecer si Pegasus fue usado en prácticas de espionaje ilegal. Durante una alocución el pasado cuatro de septiembre, el presidente Gustavo Petro afirmó que el software habría sido empleado para espiar a su campaña política y a líderes sociales durante el estallido social de 2021.

Según Petro, la filtración de los “petrovideos” en los que aparece recibiendo dinero en efectivo se originó en estas actividades de vigilancia. Además, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, denunció una posible interceptación de sus comunicaciones, afirmando que su teléfono y chat habrían sido intervenidos por órganos de inteligencia del Estado.

No obstante, funcionarios del gobierno de Biden contradicen esta versión, asegurando que Pegasus se utilizó exclusivamente para combatir el narcotráfico y que se establecieron protocolos y supervisión estricta para evitar el uso indebido del software.

“No tenemos información que sugiera que el software se utilizó indebidamente para vigilar a figuras políticas colombianas”, sostuvo una fuente estadounidense. A pesar de esta aclaración, la fiscal Luz Adriana Camargo comentó que la Fiscalía continúa investigando si se realizaron interceptaciones como las denunciadas, aunque hasta el momento no existen testimonios adicionales que confirmen estos señalamientos.

Otro aspecto que los expertos han sugerido revisar son los convenios internacionales en los que se basó la adquisición. “Hay tres países involucrados: Estados Unidos, que aportó el dinero, Colombia, que fue el comprador, e Israel, el proveedor. Es importante determinar si los tratados internacionales permiten la adquisición de equipos de inteligencia con este nivel de complejidad transaccional”, afirmó una fuente consultada por El Tiempo.

Por otro lado, el consultor Luis Eduardo Daza advirtió que Colombia ha sido temporalmente excluida del mecanismo de intercambio de información del Grupo Egmont, un hecho inusual que podría estar relacionado con el manejo del software de espionaje.

En cuanto a las personas señaladas en la investigación, el presidente Petro ha apuntado al gobierno de Iván Duque como responsable de la compra de Pegasus, pero hasta la fecha no se han presentado pruebas que vinculen directamente a Duque o sus funcionarios con actividades de espionaje.

De hecho, fuentes de la administración Biden han aclarado que la decisión de adquirir el software se tomó en 2020 y que el expresidente Duque no participó directamente en estos planes. Además, el uso de Pegasus habría sido suspendido en 2022, antes de que Gustavo Petro asumiera la presidencia.

Por ahora, la Fiscalía ha llamado a declarar en versión libre a varios exfuncionarios del gobierno de Duque, incluyendo al exdirector del Dapre, Víctor Muñoz, al exviceministro Jairo García, y al general Juan Diego Sepúlveda, quien dirigió el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares.

También han sido entrevistados Luis Eduardo Llinás, actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, en el gobierno de Petro, y Carlos Ramón González, exdirector de inteligencia.

La investigación, que permanece en etapa de indagación, deberá resolver los interrogantes sobre el uso de Pegasus en Colombia, los límites de la cooperación internacional en inteligencia y el posible impacto que estos hechos puedan tener en el marco de las relaciones entre Colombia, EE.UU e Israel.