Procuraduría abre investigación por presunto desvío de recursos en cuatro EPS intervenidas
El informe revela que los recursos fueron girados pero no usados en servicios contractuales, y en algunos casos se redirigieron a pagos sin soporte
06 de abril de 2025
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal contra cuatro EPS intervenidas por el Gobierno tras recibir denuncias sobre posibles desviaciones de recursos públicos. La medida busca esclarecer el manejo financiero de Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud, SOS, y Asmet Salud, en medio de señalamientos de posibles irregularidades que comprometerían la adecuada atención en salud de millones de colombianos.
La investigación parte de un informe presentado por el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en el que advierte que “los recursos públicos asignados para la atención en salud habrían sido dirigidos a finalidades distintas a las permitidas por la ley”. El documento fue remitido también a la Fiscalía y la Contraloría, entidades que analizan eventuales faltas fiscales y penales.
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En el texto, que recoge hallazgos de visitas técnicas y análisis financieros, se señala que en varias de estas EPS "los recursos fueron girados, pero no ejecutados en los servicios contractuales, sino redirigidos a pagos sin soporte o justificación, algunos incluso con destino a paraísos fiscales".
Uno de los focos de la indagación es Coosalud. La Procuraduría examinará los pagos realizados por esta EPS a organizaciones clínicas y las transferencias elevadas a terceros. También se investigará si hubo una relación directa entre los agentes interventores y firmas vinculadas a Mario Urán, apodado “el lobista de la salud”.
En el caso de Emssanar, la entidad detectó que “algunos anticipos no habían sido legalizados”, lo cual abre dudas sobre la trazabilidad del gasto. Además, se revisará si existieron vínculos contractuales que puedan configurar conflictos de interés o beneficios indebidos.
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La intervención de estas EPS, lejos de mejorar el servicio, habría derivado en más quejas ciudadanas. “Se identificó un aumento en las inconformidades de los usuarios tras la intervención, lo que indica un deterioro en el acceso y la calidad de los servicios de salud”, advierte el documento.
Uno de los puntos más sensibles es el presunto incumplimiento en las metas de atención. “Se evidencia que, a pesar de haber recibido los recursos, las EPS no ejecutaron la atención en salud efectiva, sino que estos fondos fueron usados en otros conceptos no contractuales o por fuera de los parámetros legales”, precisa la Procuraduría.
La Procuraduría hace mención explícita de los agentes interventores y los representantes legales de las EPS investigadas, quienes deberán explicar y sustentar cada una de las decisiones administrativas y financieras tomadas durante el periodo en cuestión.
“La responsabilidad sobre el uso de los recursos públicos no se diluye por el hecho de que las EPS estén intervenidas. Al contrario, recae aún con mayor rigor sobre quienes fueron designados para garantizar su buen uso”, se lee en el informe.
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