Gabriel Ibarra Pardo
El 25 de octubre Estados Unidos anunció su determinación de retirar la propuesta que había presentado, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2019, relacionada con la regulación del flujo de datos trasfronterizo.
Katherine Tai, representante de ese país ante la OMC, notificó la decisión durante la última sesión de trabajo sobre la regulación del comercio electrónico, que se llevó a cabo en el seno de esa organización, y explicó que ella obedeció a la necesidad de permitir, al Congreso Estadounidense, un amplio margen para regular el manejo de datos por parte de las grandes compañías de tecnología (Big Tech).
Lo anterior, en aras de proteger el interés público y de combatir los comportamientos contrarios a la competencia de común ocurrencia en el ámbito de la economía digital.
La iniciativa que ahora se retira había sido presentada por la administración de Donald Trump, y buscaba que las normas de comercio electrónico de la OMC garantizaran la libre circulación trasfronteriza de datos (CTD), y evitar que los gobiernos exigieran o establecieran obstáculos y requisitos nacionales a la localización de datos, especialmente los datos personales, valiéndose de argumentos relativos a la privacidad y la seguridad nacional.
Según el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la CTD supone que la circulación de datos e información fluya a través de las fronteras nacionales para que sea procesada, almacenada y recuperada en otro país.
Ello trae, entre otros beneficios, la libre comunicación de mensajes y opiniones, refuerza libertad de expresión, al igual que fomenta el progreso técnico y la innovación.
Para el Banco Mundial, la CTD ocupa un papel cada vez más importante, no solo en el desarrollo del comercio internacional de bienes, sino en el de servicios digitales, además de que contribuye a una mayor eficiencia en esas operaciones.
La decisión adoptada por la representación de Estados Unidos, ante la OMC, constituye un abrupto y sustancial retroceso en las políticas públicas que había planteado ese país, bajo la administración anterior, y ha sido aplaudida por algunos legisladores que pretenden imponer límites a las grandes empresas tecnológicas.
Es el caso de la senadora demócrata, por Massachusetts, Elizabeth Warren, quien manifestó: “Tenemos que dejar claro que las normas digitales que favorecen a los monopolios de las grandes compañías tecnológicas no son una opción para Estados Unidos en ningún acuerdo comercial".
Pero, por otro lado, también hay quienes han criticado el viraje de los Estados Unidos de manera severa. Así, Ron Wyden, director del Comité Financiero del Senado Estadounidense, ha expresado que la decisión de dar marcha atrás va a permitir que modelos, como el adoptado por China, que censura el libre acceso al internet y registra un alto grado de intervención estatal, continúen siendo implementados.
Además, países como Singapur, la Unión Europea y Japón, que habían apoyado la propuesta de los EE. UU ante la OMC, quedaron en vilo.
El cambio de posición de los Estados Unidos refleja la ambivalencia que ha caracterizado las discusiones y posiciones de los países en relación con el tema.
El Banco Mundial ha señalado que sería deseable conciliar la necesidad de garantizar el flujo transfronterizo de datos y la libre elección de los sitios destinados al almacenamiento de datos con la exigencia de niveles mínimos de protección de la privacidad y la seguridad nacional.
De cualquier manera, lo único cierto hasta el momento es que el futuro de estas negociaciones parece ser bastante incierto
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