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OPINIÓN

Proyecto de ley para la conformación de tribunales ambientales

11 de noviembre de 2021

Natalia Álvarez Lozano

Directora del área de Derecho Ambiental y Servicios Públicos en Pinilla, González & Prieto Abogados
Canal de noticias de Asuntos Legales

El 4 de agosto de 2021, se radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria No. 196/2021, “por medio de la cual se dictan disposiciones para la conformación de los Tribunales Ambientales Especiales en el Estado Colombiano y se dictan otras disposiciones”.

El propósito de dicho proyecto es crear, organizar y estructurar los tribunales ambientales especiales en Colombia, con el fin de dirimir los conflictos ambientales en el territorio nacional.

Los tribunales ambientales, estarían integrados a la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa. Se prevé la conformación de cinco tribunales con jurisdicción en las regiones de Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífico, cuyos jueces además de ser abogados, deberán contar con estudios en ciencias ambientales.

Aunque a la fecha el proyecto de ley es incierto, pues se encuentra en una etapa inicial de evaluación y luego debe esperar a que se surta todo el trámite legislativo, es una iniciativa valiosa que responde a la necesidad de acceso a una justicia especializada con el propósito de obtener decisiones en derecho que respeten las normas y los criterios técnicos ambientales. Esto se traduce en una protección objetiva y eficaz del medio ambiente, además de garantizar la seguridad jurídica al contar con jueces que conocen la legislación ambiental.

El acceso a la justicia ambiental es uno de los problemas actuales del sistema judicial colombiano, no solo por el desconocimiento de los jueces en relación con el ordenamiento jurídico que regula la materia, sino también por la falta de rigurosidad en el control posterior de las decisiones que se adoptan.

En este sentido, la creación de los tribunales ambientales en Colombia es el camino para que, a través del derecho, exista un rigor jurídico en la protección del medio ambiente y se fortalezca la eficacia de las decisiones administrativas entorno al uso racional y sostenible de los recursos naturales, así como el acceso a la justicia ambiental.

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