Estos son algunos de los retos que tiene el país frente al financiamiento del terrorismo

Ayer en Cartagena se dio inicio a la versión número 23 del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Laftfpadm, de Asobancaria. En el marco del evento, la exvicepresidente de Colombia y exministra de Defensa Nacional, Marta Lucía Ramírez, expuso los desafíos en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

De acuerdo con Ramírez, el terrorismo se define en el marco legal que se ha ido creando al respecto en una resolución de la ONU como los “hechos que representan el peligro colectivo, de ataque a bienes jurídicos básicos como la vida, la libertad, o la integridad de las personas, Estados o particulares”. Y en términos de la financiación del terrorismo, esta se encuentra tipificada como delito para aquel que “por el medio que fuere, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte para cometer cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales a un civil (...)”.

Lo cierto es que el marco legislativo de este delito tuvo cambios legislativos luego del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Así las cosas, en Colombia, por ejemplo, se propusieron leyes de seguridad ciudadana en 2011 y Antiterrorista (2017) que buscaban principalmente endurecer penas pero en términos de las leyes, muchas que se cayeron en el Congreso. La exfuncionaria resaltó que sobre este punto se debe comprender que “el terrorismo sigue estando a la orden del día en el mundo entero, entonces hay que ver qué tanto se están aplicando las leyes y qué tan eficientes son”.

Ramírez explicó que las implicaciones de este delito tienen varios puntos. En el sentido económico a nivel global hasta 2022 se calculaba que el costo fue de US$22,300, afectando sectores como infraestructura, transporte, o turismo. Otro factor es la seguridad, pues en Colombia ha cobrado la vida de más de 260.000 personas desde 1985 y más de 7,4 millones de desplazados. A nivel social, según explicó la exfuncionaria, se presentan casos de desintegración de sociedades y familias junto a problemas de salud mental en las comunidades.

Se señaló, además, que existen diversas fuentes de financiamiento de este delito. En este sentido, las tradicionales corresponden a entidades sin ánimo de lucro, venta o alquiler de máquinas tragamonedas, explotación ilícita de yacimientos mineros, hurto y contrabando de hidrocarburos, contrabando, cigarrillo y licores, comercio de medicamentos falsificados, entre otros.

Y la guerrilla, claro, corresponde a uno de los retos que enfrenta el país en esta materia como el Crowdfunding por medio de la creación de falsos proyectos o causas, donaciones a través de la web, activos virtuales, tráfico de ciberarmas, las fintech como red de apoyo financiero, e incluso el reclutamiento y adoctrinamiento web.

En este orden de ideas respecto a las formas insurgentes, Ramírez puntualizó que también “las organizaciones sin ánimo de lucro son vulnerables para ser usadas para la financiación del terrorismo, estas deben ser protegidas”.

Además, resaltó que el terrorismo cibernético es más atractivo, pues es más económico e incluso requiere menos gente.

No resulta extraño, entonces, comentó Ramírez en su intervención que muchos de los facilitadores de la financiación del terrorismo sean producto de estas nuevas formas, pues algunos corresponden a las formas nuevas de financiamiento como es el caso de las criptomonedas, ya que evitan la detección de transacciones tradicionales; los drones que son usados para vigilancia y ataques; y finalmente, las redes sociales que son usadas con fines de propaganda, reclutamiento e incluso coordinación.