La Procuradora afirmó que el gobierno de Duque no ordenó la compra de Pegasus

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, informó que, hasta el momento, no se han hallado rastros oficiales del software espía Pegasus en Colombia, a pesar de las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro en las últimas semanas. Cabello indicó que en las dos investigaciones en curso relacionadas con este caso no se ha evidenciado la adquisición del programa. “No hay rastros oficiales de existencia del programa, ni hemos encontrado orden presidencial del presidente anterior para adquirirlo”, afirmó.

Durante su intervención en Bogotá, en el marco del lanzamiento de un micrositio de la Procuraduría para el seguimiento de sentencias de Justicia y Paz, Cabello también señaló que no han encontrado evidencia de que se hayan utilizado gastos reservados o fondos incautados para la compra de Pegasus. La denuncia del presidente Petro, que surgió durante una alocución a principios de septiembre, mencionaba que el software podría haber sido utilizado en 2021 para atacar a jóvenes que participaron en manifestaciones, así como para interferir en su campaña presidencial.

El presidente Petro alegó que hubo vuelos y pilotos que llegaron al país en junio y septiembre de 2021 en relación con la supuesta compra del software. Sin embargo, hasta ahora, ninguna entidad oficial, incluyendo la Policía, el DNI y el Ministerio de Defensa, ha confirmado que Pegasus se encuentre en sus instalaciones. Exfuncionarios del gobierno de Iván Duque también han sostenido que no hubo negociaciones con NSO Group, la empresa detrás del software.

Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, reveló que existen documentos de la unidad de inteligencia financiera de Israel que respaldan la compra de Pegasus en dos transacciones en 2021, cada una por US$5,5 millones. “Ese reporte de operación sospechosa es cierto y existe”, afirmó Camargo, explicando que hay evidencia de que el dinero se trasladó en efectivo a Israel.

En la Procuraduría, las investigaciones se centran en la denuncia de la Corte Constitucional sobre posibles interceptaciones ilegales al magistrado Jorge Enrique Ibáñez y su equipo, así como en la alocución del presidente Petro. La Fiscalía, por su parte, ha concentrado ambos eventos en un solo caso, y se encuentra realizando las pesquisas pertinentes a través de Hernando Barreto, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien ya ha tomado declaraciones de varias personas, incluido Víctor Muñoz, exjefe del Dapre en el gobierno Duque.

Un obstáculo significativo en este proceso es la falta de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, lo que complica la obtención de declaraciones y la investigación en el país donde se originaron las transacciones.