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Judicial

Militares de La Popa fueron imputados por persecución y tortura en falsos positivos

La imputación asegura que los comparecientes serán juzgados y sancionados por todas las conductas cometidas y evita que se reabran los casos

28 de octubre de 2024

Sofía Alexandra Duarte Torres

sduarte@larepublica.com.co

Colprensa
Canal de noticias de Asuntos Legales

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, encontraron elementos que permitieron determinar la responsabilidad de varios militares retirados que integraron el Batallón de la Popa, en Valledupar (Cesar) en hechos relacionados con actos de tortura y persecución.

Las investigaciones se realizaron sobre 12 uniformados, ocho de los cuales fueron imputados por tortura y siete por persecución, entre cuyas víctimas se encuentran miembros de comunidades indígenas.

Esto se da en medio de las investigaciones que fueron abiertas por el homicidio y desaparición forzada de al menos 135 personas en hechos ocurridos en Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena.

La JEP afirmó que “algunas de las víctimas eran integrantes de los Pueblos Indígenas wiwa y kankuamo, así como de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Otras eran campesinas y otras en situación de vulnerabilidad o de discapacidad”.

La imputación, de acuerdo con los magistrados asegura que los comparecientes serán juzgados y sancionados por todas las conductas cometidas, evitando así que tales discusiones se reabran en el futuro. "En otras palabras, garantiza la verdad más amplia y exhaustiva, fundamental para una adecuada reconstrucción del daño ocasionado a las víctimas, las comunidades y el Territorio”, señaló la JEP.

En este caso, se explicó que el delito de persecución, se produjo dado que algunos de los asesinatos reconocidos por los comparecientes se cometieron con motivaciones étnicas, es decir, por pertenencia de las víctimas a los pueblos indígenas kankuamo y wiwa.

“En algunos casos, las víctimas fueron traídas de otras regiones con falsas promesas de trabajo o de negocios y, luego de su asesinato, fueron presentadas como muertes en combate”, indicó el Tribunal.

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