A partir de la expedición de los Objetivos de Desarrollo Disponible (ODS), las agendas de los gobiernos, instituciones de desarrollo, entidades multilaterales y demás actores del mercado internacional, se han volcado al diseño y aplicación de estrategias que permitan garantizar un crecimiento y desarrollo sostenible, sobre todo en los países en vía de desarrollo.
En este contexto, ¿Cuál ha sido el impacto de estas agendas en la financiación de proyectos de infraestructura?
A partir de 2016, en Colombia se han realizado más de seis emisiones de bonos verdes que involucran tanto al sector privado, como al sector público, siendo Colombia uno de los países pioneros en Latinoamérica en la emisión de bonos verdes soberanos (cerrando un monto emitido de $1,49 billones en 2021) y en la emisión de bonos sociales (que esperan ser colocados en 2022). Lo anterior, evidencia la obtención de recursos, tanto de la banca privada como del sector público, que serán focalizados para la financiación de proyectos que cumplan con los criterios “verdes” y “sociales” establecidos para este tipo de emisiones.
¿Cuáles son las oportunidades de inversión de estos recursos?
El crecimiento de financiaciones sociales y verdes en Colombia se vio reflejado, no solo en la evolución de las financiaciones de los proyectos de infraestructura vial de cuarta generación, sino en proyectos de infraestructura hospitalaria y social adelantados por diferentes instancias del Estado y del sector privado. Ahora bien, con el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, liderados por el programa de concesiones de quinta generación, la realización de subastas de energías renovables y de ampliación de conectividad digital, en el país, se está formando un ecosistema único para aprovechar las sinergias generadas por estas financiaciones.
¿Cuáles son las principales ventajas de este tipo de financiaciones?
La diversificación de fuentes de financiación, incluyendo aquellas que tienen requerimientos para el cumplimiento de estándares de desempeño en temas de sostenibilidad ambiental y social emitidos por entidades multilaterales, o principios de financiación social (Social Bond Principles), permite, por un lado, la reducción de costos financieros inherente a la mayor oferta de fuentes de financiación, y la utilización de tasas especiales destinadas a proyectos que cumplan con los estándares mencionados y, por el otro, el incremento de los estándares aplicados por los constructores y operadores en beneficio de las comunidades en las que estos proyectos se desarrollan. En otras palabras, un compromiso con el desarrollo sostenible, supone mayor ventaja para obtener financiación.
¿Qué cambios normativos ha impulsado esta ola de financiación social?
En la región, los diferentes gobiernos han implementado reformas normativas con el objetivo de promover este tipo de financiaciones, entre estas, se destacan la creación de marcos de referencia para la emisión de bonos verdes soberanos, tomando en consideración las recomendaciones de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (Icma), como es el caso de Colombia y Perú, así como la emisión de instrucciones de las entidades supervisoras para los inversionistas institucionales que desean invertir en este tipo de portafolios.
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