El Estado invierte más de $3 billones cada año en los presos de carácter intramural

La semana pasada, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presentó una denuncia sobre el mal estado de los alimentos que se proveen en las cárceles del país. Según la subdirectora de Salud del Instituto, Martha Gómez, la situación es “crítica” en 26% de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

Al respecto, el Ministerio de Justicia, informó que se tomaron medidas inmediatas para hacer control sobre el suministro y estado de los alimentos, con seguimiento y visitas de inspección por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

La alimentación, así como los servicios de salud y vigilancia, están incluidos en el costo de mantenimiento global anual promedio por Persona Privada de la Libertad (PPL) que, según cifras de la cartera ministerial, en la actualidad es de $31,10 millones (cerca de $2,59 millones al mes, en promedio).

Si se observan los datos del Inpec, en el país hay 97.260 PPL intramurales, lo que quiere decir que, al multiplicar por el costo de cada uno, al Estado le cuesta cerca de $252.086 millones al mes su mantenimiento. La suma anual, entonces, asciende a $3,02 billones.

Según Francisco Bernate, abogado penalista y profesor en la Universidad del Rosario, Colombia invierte una “cifra muy alta” en la población penitenciaria, por lo que “hay una necesidad de ser más eficientes; eso significa utilizar menos el recurso de la cárcel”.

El abogado se refiere a que una de las maneras más efectivas para reducir el hacinamiento en las cárceles sería buscar otras alternativas de pena sobre ciertos delitos. Por ejemplo, Bernate propone “restringir leyes que establecen condenas muy largas para algunas acciones”. Esto, con el fin de invertir menos recursos.

Hay que tener en cuenta, además, que el sistema carcelario tiene una sobrepoblación de 16.613 personas, lo que se traduce en un hacinamiento de 20,6%, lo que representa, necesariamente, un sobrecosto para el Estado en esta materia.

Sin embargo, pese a esta gran inversión, el dinero parece no ser suficiente; de hecho, para el penalista Carlos Fernando Guerrero, “la cifra de MinJusticia da apenas para alimentar a los presos y para pagar a los guardias”.

Al mirar los datos por las seis regionales que hay en el país, es posible evidenciar que el hacinamiento supera el rango nacional en algunas zonas, como en la regional noroeste, que incluye a los departamentos de Antioquia y Chocó. Allí, la capacidad es de 8.158, pero el total de reclusos llega a 11.824, lo que quiere decir que su nivel de hacinamiento es de 44,9%, el más alto de las divisiones.

Otro caso es el de la regional norte, compuesta por departamentos de la costa Caribe, como Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, entre otros, donde el hacinamiento llega a 38,1%. Por su parte, la tercera regional que supera el promedio nacional es la del Occidente (Cauca, Nariño y Valle del Cauca), con 22,3%.

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Para hacer frente al problema, el Gobierno decidió, por medio de la Ley de Seguridad Ciudadana, permitir la Asociación Público-Privada (APP) para el manejo del sistema penitenciario, apoyando la construcción de más centros y, por ende, creando más cupos. Según el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, “este tipo de alianzas constituyen una buena forma de financiar proyectos que requieren una alta inversión de recursos y que pueden evitar el hacinamiento”.

Sin embargo, expertos como Guerrero aseguran que el hacinamiento no se reduciría construyendo más cárceles, sino que esto causaría el efecto contrario. El abogado señala que nuevas cárceles o centros penitenciarios ayudarían al problema en el corto plazo. Aún así, los mismos cupos se llenarían después de un tiempo. “Lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos para que haya menos presos”, dijo.

A su vez, Bernate advirtió que lo que se daría con la solución de la Ley de Seguridad Ciudadana es “la teoría del cajón, es decir que, a mayor número de cupos carcelarios, va a crecer exponencialmente la expedición de leyes punitivas y el encarcelamiento de personas”.

Adicionalmente, agregó que si bien la medida no significa que se esté abriendo la puerta a una privatización de los establecimientos carcelarios, como han advertido algunos, sí “es un primer paso en una dirección en la que está demostrada su fracaso y peligrosidad”. Esto, en referencia a modelos carcelarios como el de Estados Unidos, en donde los actores privados pueden tener absoluto control de las cárceles.

Al respecto, el ministro Ruiz garantizó que no es el caso, pues los costos de la población carcelaria “seguirán a cargo del Estado, tanto en el orden nacional como en el territorial”.

Antecedentes

La Ley de Seguridad Ciudadana fue sancionada en enero por el presidente Iván Duque, como un “triunfo” para el país, luego de las protestas del paro nacional en abril de 2021. El documento, además de modificar las normas del Código Penitenciario, agravó las penas de varios delitos, como el vandalismo o el hurto.

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la nueva Ley “acabará con la práctica de que un ladrón haga sus fechorías y quede libre, ahora estará en la cárcel”.