Los abogados penalistas hablan sobre la reforma penitenciaria del Gobierno de Petro

Uno de los tantos proyectos en curso que lleva el Gobierno es el de “humanizar la política criminal y penitenciaria”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que lo que busca es modernizar el sistema penitenciario y eliminar el modelo actual, porque, según su concepto, es un sistema netamente carcelario, corrupto y que termina siendo una escuela de delincuencia para los presos.

LR habló con varios abogados penalista y la concepción general del sistema es el de un modelo que no cuenta con las herramientas adecuadas para resocializar a las personas que han cometido un delito, que es corrupto y que no logra tener un control efectivo sobre los presos.

“El sistema penitenciario en Colombia tiene una problemática de raíz y de muchos años que no permite que se cumpla con los objetivos para los cuales la ley y la política criminal espera que se desarrollen como parte del sistema general en materia de tratamiento penal”, explicó Juan Francisco Navarrete, abogado penalista.

Esta reforma esta encaminada a permitir que las personas que han cometido un delito puedan tener una oportunidad de resarcir el daño que cometieron.

El problema, según Jimmy Jiménez, fundador del Bufete Integrity Legal, es que el sistema actual solo ofrece el aumento de penas, en un sistema que está colapsando.

“Las instalaciones de los centros penitenciarios tienen una sobre población de 20% lo que no permite un control efectivo sobre los presos, además de crear condiciones de hacinamiento las cuales atentan contra la dignidad humana”, agregó el jurista.

Insistir en que la reforma a la justicia debe tener como base un fortalecimiento en toda su estructura que haga posible la atención integral y la puesta en ejecución de todos estos esquemas que se quieren y se deben incorporar.

Resocialización
Osuna explicó que los subrogados a los que se refería como forma de beneficio para los internos son pequeños premios que tiene el sistema penal. Uno de ellos son los permisos de 72 horas. Aclaró que las medidas no aplicarán para todos los presos ni para los delitos más graves, como los sexuales o contra la población infantil.

Francisco Bernate, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario en esta rama, aseguró que debido al grado de corrupción en el sistema no hay posibilidad de una resocialización. “Es muy válida esta propuesta de dar otras salidas porque la realidad es que la cárcel hoy en día no está cumpliendo ningún propósito”, dijo.

La resocialización de las personas condenadas no es un imposible práctico, es la concepción general.

Sin embargo, Jiménez sostiene que “lo que sucede es que el sistema no esta previendo herramientas supletorias diferentes de la internación intramural ociosa, sin mecanismos de formación y posibilidades de incorporación a programas de productividad y crecimiento para quienes son objeto de la privación de la libertad”.

Trabajar fuera de la cárcel
Este, sin duda, es el punto más polémico de la reforma. Según el ministro de Justicia, se necesita un convenio entre el Inpec y una empresa privada o del Estado para que algunos de los internos salgan a desarrollar algún tipo de trabajo como construir vías terciarias o trabajar en una fábrica. Pero solo aplicaría para presos que ya cumplieron más de la mitad de su pena.

También aclaró que este beneficio tampoco aplicará para condenados por delitos sexuales, contra niños, niñas y adolescentes, sino para delitos “que no tienen ese grado de rechazo”.

Respecto a este punto Navarrete aseguró que no cree que en la práctica sea una buena estrategia o que, en realidad, sea realmente aplicable.

No obstante, Jiménez dijo que esta medida ya se esta trabajando en el centro penitenciario de como el de Acacías Meta, en donde los presos que tienen un buen comportamiento pueden salir a estudiar y aclaró que estas medidas deben ser estudiadas y aplicadas a los presos que cumplan con ciertas condiciones.

“Puede ser un incentivo para que los presos se mantengan en la legalidad, pues entre mayor es la pena, el incentivo es menor, lo que ocasiona que sea mucho mas complejo mantenerse en la legalidad”.

Despenalizar delitos
Uno de los problemas más graves que ven los abogados en la complejidad del sistema. Es por esto que muchos ven con buenos ojos buscar un sistema penal más simple y que elimine conductas tipificadas que son anacrónicas o que, como lo dijo Navarrete, han sido incorporadas en la ley penal como producto del populismo penal, es decir, para atender crisis mediáticas que solo proveen de réditos políticos.

En la reforma el jefe de la cartera de Justicia pretende que los delitos de injuria y calumnia sean despenalizados.

“En la práctica jamás he visto condenado a una persona por ninguno de estos dos delitos. Osuna busca que desaparezcan del Código Penal, pero no del ordenamiento jurídico”, explicó Castellanos.

Otro delito que pretenden despenalizar y que varios abogados piensan que se debería quedar en el Código Penal es el de la inasistencia alimentaria, por ser un hecho que atenta contra la salud y el bienestar de los menores de edad.

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La reforma al Código Penal de Nestor Osuna, el jefe de la cartera de Justicia, pretende cambiar con el modelo actual del sistema penitenciario. Pues, en su opinión, es puramente carcelero y facilita que los presos aprendan a delinquir y no repara a las víctimas. Para Osuna, la reforma debe adoptar un sistema con el que las cárceles dejen de ser concebidas y utilizadas como “de simple sufrimiento, de corrupción, crueldad y de carencias”.